El Comercio (Editorial)

Es el Congreso el que debe aprobar los cambios tributarios que quiere llevar a cabo el MEF
Jueves 24 de mayo de 2012

Este Diario criticó que el Ministerio de Energía y Finanzas (MEF) propusiese una “reforma” tributaria que básicamente consistía en subir los impuestos para los pocos peruanos que los pagan. El ministro Castilla enmendó luego la plana al funcionario que hizo salir la idea del MEF (porque sí salió del MEF) y especificó que está pidiendo al Congreso facultades legislativas en materia tributaria solo para hacer otro tipo de cambios. Nosotros saludamos esta rectificación, pero aún así nos oponemos a que se otorguen al MEF estas facultades. Salvo en situaciones excepcionales, es el Congreso el que debe dar las leyes, especialmente cuando se trata de materia tributaria.

Nuestra postura se basa en una cuestión de principio. Que sea el Congreso el que cree y regule los impuestos garantiza que el Estado no nos ordene transferirle tal o cual parte de nuestra propiedad de tal o cual forma (de eso trata el derecho tributario) sin que al menos hayamos oído sus razones para hacerlo y sin que hayan podido participar en el debate los representantes de todos.

Estas dos garantías no son poca cosa: de hecho, es justamente para que el monarca no pudiera decidir unilateralmente sobre impuestos que se crearon los parlamentos. Después de todo, sin debate público no hay posibilidad de fiscalización por parte de la ciudadanía y, por otra parte, sin participación de la oposición no hay verdaderos debates. El Congreso puede equivocarse – como, de hecho, puede hacerlo también el Ejecutivo– pero al menos lo hace teniendo que exhibir y discutir sus razones bajo la mirada ciudadana.

Adicionalmente, la publicidad y la participación de varios grupos con intereses diferentes hace más difícil que el Congreso sea capturado por lobbies a que lo sea un pequeño equipo de técnicos que no solo está bajo el mando de un mismo político, sino que toma sus decisiones en una especie de cuarto oscuro en el que nadie puede ver qué pasa hasta que sale de él un hecho consumado.

Quienes, como la Confiep, respaldan esta delegación del poder de legislar, dan dos argumentos. El primero, que se trata de un asunto “técnico” que puede solo ser eficientemente resuelto por expertos. Y el segundo, que en el Perú tradicionalmente se delega la materia tributaria al Ejecutivo.

Es verdad que no todo el mundo ni, ciertamente, todos nuestros congresistas, entienden las implicancias de, digamos, mover de determinada manera las deducciones o crear un impuesto selectivo vis a vis uno general. Pero también es verdad que la mayoría de ellos tampoco entiende las consecuencias de, por ejemplo, poner un límite a la tenencia de tierras y, sin embargo, no vemos que por eso se delegue dicha materia al Ejecutivo.

Si vamos a vivir en democracia, los técnicos tienen que poder explicar y los congresistas han de tener asesores que los ayuden a entender. Lo que no podemos tener es técnicos que pretendan emplear su conocimiento como un salvoconducto para usar un manto mágico de invisibilidad mientras se mueven entre nosotros decidiendo sobre nuestras vidas. Particularmente, teniendo en cuenta que son muy pocos los temas sobre los que existe una única opinión técnica y que en los más de los casos lo que hay es tan solo una serie de opiniones técnicas diferentes (basta con ver el actual debate mundial entre los economistas defensores de la austeridad y los keynesianos). Una vez comprendidas las posturas de los técnicos, las decisiones finales suelen ser más una cuestión de valores y prioridades y esto es algo sobre lo que siempre es mejor que se decida a la luz pública y sin quitarle a nadie su derecho a voz y voto.

En cuanto al argumento de la tradición, por su parte, solo podemos contestar con el gran juez Holmes: la idea de que algo deba de hacerse de una determinada manera porque “siempre ha sido así” es intelectualmente repulsiva.

Tenemos el mayor respeto por la labor que viene haciendo el ministro Castilla y no tenemos por qué dudar de que usaría con inteligencia las facultades que está pidiendo. Pero creemos que ayudaría todavía más al país y a sus procesos democráticos si, en el camino de tomar buenas decisiones, hace el esfuerzo adicional de explicar y convencer.