Los primeros esfuerzos de Petroperú por hacerse grande pasan por asociarse con empresas que ya estén explotando, para aprender. Eso quiere Petroperú, ¿pero también lo desea el gobierno?
Por Ricardo Uceda – Revista Poder
Ilustración: Héctor Delgado
Gasoducto del sur. Debe ser una palanca del crecimiento. Refinería de Talara. Obra de US$1.700 millones.
Petroperú se halla en trance de definir cómo interviene, en asociación con alguna compañía privada, en la explotación de hidrocarburos. Se supone que entonces empezará una nueva fase en la vida de la petrolera estatal: producir petróleo. Hay dos maneras de ver este paso. O como el tránsito a una práctica de estatismo sobredimensionado e ineficiente, o como una adecuación pragmática a la realidad actual de la industria, en la que cada vez más empresas estatales participan de la renta petrolera. Aunque tal vez no ocurra ninguna de las dos cosas y el intento se quede a medio camino.
Al mismo tiempo la empresa está empeñada en dos tareas disímiles. Por un lado, continuar con la modernización de la refinería de Talara, que el gobierno de Alan García dejó proyectada. En su momento la planta no se pudo vender porque el Estado siempre quiso mantener una mayoría de acciones que no interesaba a los potenciales compradores. Ahora, a un costo de US$1,700 millones, la modernización no se pretende para vender más u obtener mayor renta, sino para ser más eficiente y adecuarse a normas ambientales internacionales. Como La Pampilla, refinería de Repsol, Talara contamina excesivamente con su diésel de gran contenido de azufre, y luego de los cambios producirá un combustible más fino. Société Générale, el gestor financiero, confía en obtener el dinero pese al inhóspito clima financiero mundial, y Petroperú tiene cómo pagarlo.
La otra tarea es el gasoducto andino, que el gobierno concibe como la llave maestra para el desarrollo del sector más empobrecido del país, y que llevaría gas del Cusco a Ilo, donde se instalaría un polo petroquímico. El impacto del gasoducto en el despegue del sur es tan evidente –detrás del gas vendrían la electricidad y la conectividad– que prácticamente no hay discusiones ideológicas en torno de la obra, lo que no quita una limitación: el mercado del sur no da para justificar por sí mismo la inversión, y Odebrecht, el gestor, dijo que sin ayuda no puede continuar. La inversión supera los US$4 mil millones. Con la ley bajo el brazo, Petroperú ha contratado a la Corporación Andina de Fomento para que lo asesore financieramente. En una de esas la CAF se anima y financia la obra. Con Petroperú dentro del barco, se mejoran las condiciones para el financiamiento, y después la empresa estatal podría beneficiarse del usufructo o vender su participación. El proyecto demora porque aún no están comprobadas las reservas de combustible de Petrobras en el lote 58, adyacente a los lotes 88 y 56 de Camisea, que serán destinadas a la tubería. Por otra parte, hay conversaciones con Repsol para ver si esta empresa ya puede distribuir gas en el sur mientras se construye el gasoducto. Ha dicho que podría pagar regalías con gas. Si esto se concretara, luego de estudios que realiza con Petroperú, podríamos ver a fin de año camiones-tanque en el sur. Habría gas natural vehicular: menos contaminación y rebaja en el precio del transporte.
Estas tentativas para el gasoducto andino obedecen a un mandato completamente político con el que están alineadas las autoridades del gobierno en el sector, comenzando por el presidente de la petrolera estatal, Humberto Campodónico, además del presidente de la República y los ministros de Economía, y Energía y Minas. Aunque hay riesgo, no hay fisuras, o por lo menos resquemores, como en el caso de la explotación petrolera. El ministro de Economía, Luis Castilla, del ala derecha del gobierno –según los izquierdistas desplazados– fue quien propició una ley que permitirá a Petroperú participar en el proyecto. Y después el acuerdo fue unánime en el Congreso.
En cambio la transición de Petroperú a la actividad explotadora no origina el mismo consenso.
En el entorno latinoamericano hay varios ejemplos de empresas estatales fortalecidas. Está Pemex, que en México ejerce el monopolio de la actividad, y a cuya pesadez institucional se unen problemas no resueltos de baja de reservas y de producción. Está la poderosa, politizada y corrupta PDVSA y la omnipresente Petrobras. Por su envergadura, las tres son referentes quiméricos para Petroperú, tanto en virtudes como en defectos, y por eso compañías como la colombiana Ecopetrol y la chilena Enap son modelos quizá más alcanzables. Tampoco es seguro, por la ventaja que llevan. Ecopetrol, que genera más del 60% de su producción en Colombia, explora y produce en Brasil, Perú y Estados Unidos, y tiene un plan de inversiones de US$8,500 millones en el 2012. Hasta el 2020 invertirá US$80 mil millones, de los cuales el 75% será de su bolsillo. La mayor parte de estos recursos será para la búsqueda y extracción. En contraste, este año Petroperú no cuenta con más de US$400 millones para infraestructura y nada para jugar a ser grande. En cuanto a Enap, su filial Sipetrol explota el recurso en Argentina, Ecuador, Egipto e Irán. Chile, que no tiene petróleo en el subsuelo y cuya economía abierta es paradigmática, tiene una compañía estatal que constantemente persigue oportunidades de negocios en el exterior. ¿Por qué Petroperú no podría iniciar el camino?, es la pregunta que se escucha continuamente en el directorio de la avenida Paseo de la República.
En cada país, desde luego, hay escándalos. Desde el hecho de que el actual presidente de Ecopetrol, Javier Gutiérrez, cobró dos sueldos indebidamente, uno el muy jugoso de su cargo, ascendiente a unos US$13,500 –Campodónico gana US$5,700– y otro como pensionista de la empresa de electricidad del Estado, hasta la obscenidad de los beneficios del mandamás de Pemex, Juan José Suárez Coppel: US$15 mil mensuales, más tres seguros de vida, asignaciones para gastos familiares, crédito hipotecario, bonificaciones por venta de productos Pemex, consumo ilimitado de tarjetas de crédito en los mejores hoteles del mundo y otras amabilidades del Estado mexicano que jamás podría alcanzar el sobrio Campodónico, que no tiene tarjeta de crédito de la empresa y que en sus viajes debe pagar de su peculio lo que excede del tope impuesto por el MEF: US$100 diarios para el Cusco, US$200 para Madrid. En fin, en Chile se descubrió que el ahora exgerente de Enap Enrique Dávila aumentó 10 veces el sueldo a una funcionaria con la que viajó 13 veces al extranjero. Petroperú también tiene su historia: la indecorosa juerga en Iquitos de su presidente Héctor Taco Tamo, el financiamiento de la remodelación del despacho de Alejandro Toledo. Y para qué comenzar con los numerosos casos de corrupción en Petrobras. Con lo referido basta para saber que la defraudación en una empresa del Estado es más fácil que en una privada.
Sin embargo, Ecopetrol y Enap han resultado beneficiosas para sus estados. Tras haber revertido la tendencia a la baja de reservas, Ecopetrol ofrece las acciones más atractivas de Colombia, cuyo retorno sobre el patrimonio está en 32%. Y Enap, que abastece a más del 70% del mercado interno de combustibles derivados del petróleo, es el principal soporte energético nacional. Cierto que requiere más fondos para explorar y que no es extraordinariamente rentable, pues los altos precios del crudo mantienen bajos los márgenes de refinación, su actividad principal. Pero, aunque sea privatizada en parte para lanzarse a una mayor exploración, no cabe discutir que tiene finanzas saludables, ni que el Estado ganó con su creación. Tanto Enap como Ecopetrol pasaron de ser refinadoras a ejercer actividad exploratoria y de producción, siendo esta última es la que deja mayores márgenes de utilidad. Un barril de petróleo, cuya producción cuesta menos de US$10, se está comprando a US$100 en el mercado. El punto entonces es cómo hacer para llegar hasta aquí. No a explorar, que tiene un riesgo de cuatro a uno, sino a participar de la renta del crudo que se vende. Para ello se requiere no solo un montón de dinero, sino también una experiencia sofisticada. Ecopetrol comenzó asignándose lotes con riqueza comprobada, Enap a pura decisión política, pues no tenía petróleo en Chile. El directorio de Petroperú no desea explorar, por los riesgos, pero sí comenzar ‘acompañando’ procesos de explotación en un lote propio y como socio minoritario de una compañía que ponga la experiencia y los recursos. Hacer exploración y explotación se llama upstream –flujo ascendente– en el glosario petrolero.
“Si no vamos a hacer eso, mejor llamémonos Refineroperú”, ha dicho Campodónico.
El tránsito hacia el upstream ocasiona la continuación de una larga pugna ideológica entre tendencias, que durante años transcurrió en medios, centros académicos y empresariales, y más sordamente dentro de los gobiernos. Ni Fujimori ni Toledo ni García, conductores de la misma política económica, tocaron a Petroperú, y más bien el gobierno de Humala heredó una ley de fortalecimiento de la empresa que le permite actividades de explotación, aunque de momento tiene nulas capacidades para ello. Durante Fujimori, El Comercio no apoyó la privatización de la petrolera estatal bajo la idea de que era estratégica, y que, bien administrada, era un aporte al desarrollo, como en otros países de la región. El diario apoyó la nacionalización de la IPC a finales de los años ochenta y no fue sino hasta la última década que abandonó la tesis de que el Estado debía tener una enérgica presencia en la industria. Puesto ya en las antípodas de aquella postura, un editorial reciente de El Comercio sostiene que la sola existencia de Petroperú es inconstitucional. Discusiones jurídicas al margen, la idea es que solo el ojo del amo engorda al caballo, idea que trae implícita otra: no habrá permanentemente funcionarios públicos capaces y honestos para dirigir una empresa estatal. Y hay otra más: los desmanes acabarán pagándolos los contribuyentes, como es el caso de Sedapal, a la que el Estado le tapó un hueco de S/.3 mil millones.
Dicho esto, ¿cuál es la posición que prevalece en el gobierno? Una respuesta rápida es que hay consenso en que Petroperú ingrese a la explotación, pero aún no existe acuerdo sobre cuál sería el mecanismo de contratación que lo permitiría.
En la materia prevalece una actitud pragmática antes que ideológica. El presidente de la empresa estatal, Humberto Campodónico, un antiguo defensor de su expansión, no estuvo en el grupo que elaboró la primera versión del plan de gobierno de Gana Perú, denominado ‘La Gran Transformación’, y según el cual, en un nuevo régimen de contratación, el Estado se quedaría con el crudo extraído y pagaría a las transnacionales por sus servicios. En esta versión, Petroperú sería “fortalecida, modernizada, integrada, competitiva, internacionalizada”. En la ‘Hoja de Ruta’, hecha por un grupo en el que sí estuvo Campodónico, no se habla una línea del tema, y más bien se plantea despetrolizar –un término que viene de los mexicanos, ultradependientes de Pemex– la matriz energética. En el directorio, quienes acompañan a Campodónico son expertos: Fernando Sánchez Albavera, exministro de Energía y Minas, que viene de ser CEO de Barrick en Santo Domingo; Germán Alarco fue viceministro de Economía y asesor de Pemex; Ramiro Portocarrero es un socio del Estudio Ferrero especializado en regulaciones en la industria de energía. El cuarto miembro es Juan Manuel Castillo, representante de los trabajadores, y falta nombrar a un quinto, por la renuncia de José Robles Freyre. En suma, un grupo en que predominan los expertos, no izquierdistas trasnochados.
Este directorio asumió dos políticas de Estado: aumentar las reservas e incrementar la renta petrolera. Aunque todos están de acuerdo en fortalecer a Petroperú, el proceso no es un fin en sí mismo. Está en función de las políticas de Estado. En otras palabras, el intento de llevar a Petroperú hacia actividades de explotación tendría el objetivo estratégico de aumentar las reservas y la renta petrolera. Petroperú ha pretendido que el Estado le asigne pozos con reservas comprobadas y en el camino ha chocado con opiniones disímiles de Perupetro –la agencia de hidrocarburos del Estado– y del Ministerio de Energía y Minas.
“No diría que están en desacuerdo con que vayamos al upstream, sino que ven las cosas desde su propio ángulo”, dijo un director de Petroperú. Falta conversar y llegar a una posición común.
En la visión de Petroperú, lo ideal sería trabajar en uno de los cinco pozos que serán dejados en los próximos años por empresas que celebraron contratos con Perupetro en los años noventa. Una de las consecuencias de esta fase terminal es que las reservas caen, en un contexto negativo desde hace buen tiempo. Al año el Perú produce unos 30 millones de barriles, 2.3 veces menos que en 1970. Entre el 2008 y el 2010 explotó solo 16 pozos; mientras que Colombia, 285. Si se negocia con algunas de las compañías cuyos contratos vencen pronto, ofreciéndoles continuar operando mediante adjudicación directa –la ley lo permite– a cambio de llevar a Petroperú como socia, podrían obtenerse condiciones ventajosas. De este modo, las reservas se amplían y se asegura por anticipado renta petrolera y canon. De hecho, la petrolera estatal ha iniciado conversaciones con Petrolera Monterrico, Interoil y Pluspetrol. El lote más interesante es el 1AB de Pluspetrol, cuyo contrato termina en el 2016.
La pregunta detrás de la iniciativa es: si al paso que vamos nos quedaremos sin reservas en cinco años, ¿para qué esperar ese tiempo si podemos aumentar el potencial desde ahora negociando anticipadamente? Una compañía que no sabe si se quedará al término de su contrato no tiene por qué seguir invirtiendo.
No es la idea de Aurelio Ochoa, presidente de Perupetro, quien desde el comienzo de su gestión planteó como política que todos los contratos pasen por una licitación, para mejorar el clima de transparencia ante los inversionistas. Ochoa ha declarado públicamente que Petroperú volverá a producir petróleo en seis lotes que revertirán al Estado, pero plantea otro mecanismo. Tendría que concursar como todas. Y antes, estar en aptitud para hacerlo, lo que no es el caso. Y respecto de la falta de reservas, se ha manifestado optimista. Dice que hay mucha riqueza aún no descubierta, y desea cambiar drásticamente el ritmo de exploración pasando de seis pozos perforados en el 2010 a 100 en cinco años. En junio próximo se subastarán 30 lotes, con participación de las transnacionales más pintadas.
Ahora bien, si el razonamiento de Ochoa prevalece en lo concerniente a las licitaciones, ¿podría darse una licitación anticipada, si, tras negociar, una de las compañías a punto de irse decide terminar el contrato de común acuerdo con el Estado para participar en un nuevo concurso? En la nueva licitación ingresaría llevando de la mano a Petroperú para enseñarle a explotar, pero sujeto al riesgo de perder, en cuyo caso tendría que recibir compensación. Este ejercicio mental ha sido hecho porque están explorándose todos los esquemas para que una empresa en pañales aprenda a caminar en un ámbito ajeno a su especialidad.
Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, ha declarado que todo el proceso concursal de la inversión en hidrocarburos será competencia de ProInversión, que tiene mandato transversal. Es la tercera visión. Ante lo cual el directorio de Petroperú, antes de salir a debatir en los medios, prefiere hacerlo en los predios del Estado. La verdad es que la discusión podría no tener salida, porque siempre que hubo que imponer a una estatal petrolera en América Latina el Estado tuvo que usar sus prerrogativas. Lo que quiere Petroperú, para decirlo brutalmente, es que se le asigne un lote a dedo porque conviene al interés estatal. El marco legal lo permite. Si la opción se adopta, sería saludable una explicación al país de esta decisión estratégica por parte del presidente Humala, o por lo menos de los ‘dueños’ de la empresa, los ministros de Economía y Energía y Minas, que conforman la junta de accionistas de la estatal. Porque el esfuerzo tendría que ser continuado por los próximos gobiernos. Hasta que el actual régimen culmine su mandato, Petroperú solo podrá dar los primeros pasos del upstream.
Al mismo tiempo que buscar una fórmula adecuada, Petroperú se ha visto en la necesidad de adquirir nuevas capacidades desde el nivel cero. No tiene personal que pueda negociar términos específicos de un contrato de explotación. Se entiende que si una petrolera quiere llevarla de la mano para que aprenda, por lo menos debe tener un departamento que comience a hilvanar los sueños de grandeza. El costo de un experto adecuado está entre US$20 mil y US$30 mil. Mientras tanto, la empresa está obligada a vender acciones hasta por el 20% de su capital, que por el momento pocos querrán. A Ecopetrol, que tuvo que vender solo el 10% y es una empresa enormemente apreciada, le costó un esfuerzo descomunal lograr que los colombianos aceptaran comprar participaciones en los supermercados. Pasará un buen tiempo antes de que potenciales propietarios de la petrolera estatal decidan que es una oferta más ventajosa que otras opciones de inversión. Esta es otra razón por la que necesita una mayor rentabilidad, y por eso explora intervenir en negocios colaterales, como el cabotaje, y escucha con atención propuestas de empresas interesadas en utilizar el oleoducto, que pagan mucho más que el precio vil que abona Pluspetrol. Una es Petroecuador, que estudia construir una tubería desde sus yacimientos cercanos a la frontera, para llevar su crudo hasta la costa peruana.
También se imponen cambios de manejo corporativo. El directorio elabora una propuesta de reformas en ese sentido, que incluyen criterios para que sus reemplazantes tengan calidades que estén a la altura del mundo competitivo al que desean ingresar. Un director tendría que dedicar a la empresa el tiempo suficiente para poder estudiar los delicados proyectos que Petroperú tiene entre manos y que arriesgan enormes cantidades de dinero público. Actualmente es un organismo concebido para que acompañe al presidente ejecutivo unas cuantas horas al mes, sin participar en comités. Se reúne dos veces cada 30 días, y sus miembros perciben S/.1.000 por cada reunión. Estas personas deben responder con sus bienes, y dedicarle más tiempo que el esperado a sus decisiones, si desean actuar responsablemente. ¿Cuánto tiempo toma estudiar un proyecto como el de la refinería de Talara? Por lo menos una semana de trabajo.
De modo que hay un compás de espera. Tal vez haya un arbitraje del presidente Humala. Ya intervino en una ocasión, cuando la Sunat acotó unas deudas de Petroperú cuyo pago recababa en forma perentoria, y eran necesarias opciones más amigables.
