Jorge Carlos Olivera, captado fugazmente a través del cristal, a su entrada en el tribunal- AFP

Los magistrados que juzgan al general Jorge Carlos Olivera.- EFE

Otro episodio de la infamia, en un banquillo argentino

El general Olivera protagoniza el juicio más importante a la dictadura después de los procesos a Videla y Massera

SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ – El País

El general argentino Jorge Carlos Olivera Rovere compareció ayer ante el Tribunal Oral Federal Número 5 de Buenos Aires con un impecable terno gris y paso reposado, propio de sus 82 años de edad. Miró de frente, casi sin pestañear, a los familiares de los asesinados y desaparecidos, y se sentó con la espalda rígida, sin hacer caso a los murmullos de “asesino” que recorrieron la sala. El general Olivera Rovere está acusado de ser el máximo responsable de los centros clandestinos de detención y tortura que funcionaron en Buenos Aires durante los años de la dictadura y su juicio es, quizás, el más importante que se ha desarrollado en Argentina contra los responsables de aquella barbarie, una vez procesados los integrantes de la propia Junta Militar, como Videla o Massera.

Olivera y los otros cinco altos mandos que comparecieron ayer con él (dos generales, dos coroneles y un teniente coronel, subjefes de la misma zona militar) representan al terrible Primer Cuerpo del Ejército que encabezó la represión política en Buenos Aires a partir de 1976. En concreto, y para esta causa, Olivera está acusado de cuatro asesinatos (cuatro refugiados uruguayos, entre ellos los diputados Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez, que fueron arrebatados a la puerta de sus hoteles el 18 de mayo de 1976 y cuyos cuerpos aparecieron tres días después en un coche abandonado), 116 secuestros y desapariciones, y numerosos delitos de tortura. Entre sus víctimas puede figurar también el escritor y periodista Haroldo Conti.

El general Olivera casi logró salir impune, a pesar de la larga lista de crímenes que se le imputan. Con la llegada de la democracia fue procesado, pero su eventual condena quedó interrumpida gracias a las leyes de perdón y amnistía. Reabiertas las causas en 2003, fue de nuevo detenido y estuvo preso durante tres años, hasta que la Cámara de Casación lo puso en libertad a la espera de juicio.

Así pues, Jorge Carlos Olivera llegó ayer al Tribunal tranquilamente, desde su domicilio porteño. El secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Eduardo Luis Duhalde, que asistió a la sesión, aseguró que “las pruebas colectadas son tan abrumadoras” que considera que la condena está asegurada. “Espero que sea condenado al máximo de la pena prevista”, añadió. Dada su edad es, sin embargo, poco probable que vuelva a pisar la cárcel.

El juicio, que durará varios meses debido al gran número de testigos citados, empezó en medio de una fuerte polémica porque los jueces del Tribunal Federal impidieron la entrada de cámaras de televisión y fotográficas, en contra, se supone, de las órdenes ya dadas por la Corte Suprema que ampara el derecho a la publicidad de los juicios. Los jueces de este tribunal decidieron autorizar únicamente a un cámara del canal público de televisión y a un fotógrafo para que entraran en la sala durante tres minutos. La televisión rechazó el acuerdo y el fotógrafo no pudo hacer ninguna foto sensata, porque los jueces decidieron sorprendentemente que los tres minutos habían acabado antes de que el procesado entrara en la sala. “Queremos ver la cara del asesino”, protestaban en la puerta familiares de las víctimas. El tribunal, integrado por los jueces Daniel Obligado, Guillermo Gordo y Ricardo Frías, se mostraron también inflexibles al exigir a las representantes de las Abuelas de la Plaza de Mayo que se despojaran de sus famosos pañuelos blancos, por considerarlos “símbolos” inapropiados.

Entre los testigos figuran algunas de las víctimas que consiguieron sobrevivir a su paso por alguno de los centros de detención controlados por el Primer Cuerpo del Ejército, cuyo jefe era el tristemente célebre general Carlos Suárez Mason, el más despiadado de los despiadados, muerto en 2005, a los 81 años, de un ataque al corazón. Lugares como El Banco, el Olimpo o Automotores Orletti forman ya parte de la historia de la infamia en Argentina.

PAUL KRUGMAN DO “NEW YORK TIMES”

No domingo passado, um jornalista perguntou ao presidente eleito se ele pretendia pedir uma investigação de possíveis crimes cometidos pelo governo Bush. “Não acredito que alguém possa estar acima da lei”, respondeu Barack Obama, “mas precisamos olhar para o futuro e não para o passado”.

Lamento, mas, se não houver investigação sobre o que aconteceu ao longo dos anos Bush -e quase todo mundo entendeu a declaração de Obama como sinal de que isso não acontecerá-, aqueles que detêm o poder de fato estarão acima da lei, porque não terão de enfrentar quaisquer consequências caso decidam abusar dele. Vamos esclarecer do que falamos. Não se trata somente de tortura e escutas ilegais -cujos perpetradores alegam, ainda que de modo muito implausível, terem agido como patriotas. Os abusos do governo Bush se estenderam da política ambiental ao direito de voto.

No Departamento da Justiça, os funcionários apontados para seus cargos por políticos eleitos reservaram outros postos, não políticos, a “americanos bem pensantes”, e existem fortes indícios de que esses funcionários empregaram suas posições para solapar a proteção ao direito de voto das minorias. Durante a ocupação do Iraque, os candidatos aos postos eram julgados com base em suas posições políticas, em sua lealdade pessoal ao presidente e em sua posição sobre o aborto. Falando no Iraque, não devemos esquecer do fracassado esforço de reconstrução do país: o governo Bush entregou bilhões de dólares a empresas bem relacionadas politicamente, em contratos sem concorrência, e essas empresas não realizaram o trabalho.

Há muito, muito mais. Ao menos seis grandes agências do governo passaram por grandes escândalos nos últimos oito anos -na maioria dos casos, jamais investigados. E temos também o maior de todos os escândalos: Alguém tem dúvidas de que o governo Bush deliberadamente iludiu o país para justificar a invasão do Iraque? Por que, então, não deveria haver investigação oficial sobre os abusos dos anos Bush? Uma resposta usual é que buscar a verdade exacerbaria o antagonismo entre os partidos.

Mas, se partidarismo político é algo tão horrível, o governo Bush não deveria ser punido por politizar todos o aspectos do governo? Há quem diga que não é preciso dedicar atenção aos abusos passados porque eles não serão repetidos. Mas nenhuma figura importante do governo Bush expressou arrependimento por violar a lei. O que levaria alguém a pensar que eles ou seus herdeiros políticos não agiriam da mesma maneira, caso tenham nova oportunidade? Embora esquecer e perdoar provavelmente seja uma boa idéia política a curto prazo, na semana que vem Obama estará jurando “preservar, proteger e defender a Constituição dos EUA”. Não se trata de um juramento a ser honrado apenas quando conveniente.

E, para proteger e defender a Constituição, um presidente precisa fazer mais do que simplesmente obedecê-la; precisa responsabilizar aqueles que a tenham violado.

Tradução de PAULO MIGLIACCI Folha de São Paulo

ESTAN PRESOS POR TORTURAS Y DESAPARICIONES

Lo resolvió la Sala II de la Cámara de Casación. Tres jueces consideraron vencidos los plazos de la prisión preventiva de al menos una veintena de acusados de delitos de lesa humanidad. La Presidenta criticó con dureza la decisión judicial.

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EX CAPITAN DE FRAGATA ALFREDO ASTIZ.

La Cámara Nacional de Casación Penal, el mismo tribunal al que el Gobierno acusó el año pasado de demorar las causas contra los represores de la dictadura, ordenó ayer la liberación del mayor exponente de los crímenes de esa época, el ex capitán naval Alfredo Astiz.

La medida fue tomada por los jueces Guillermo Yacobucci y Luis García y se basa en el vencimiento de los plazos previstos para que un acusado esté detenido preventivamente sin que exista una condena en su contra. La ley indica dos años, prorrogables por uno más según la cantidad de delitos y la complejidad de la causa. Astiz está preso desde septiembre de 2003. Y todavía no fue enjuiciado.

Además de Astiz, el fallo beneficia a otros represores del mayor centro clandestino de detención que tuvo la dictadura, la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), e incluso al ex general Ramón Díaz Bessone y al ex juez federal santafesino Víctor Brusa, acusado de haber presenciado torturas a personas secuestradas por la dictadura. En total, son alrededor de veinte los beneficiados.

La noticia sorprendió a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner justamente en un acto en el predio de la ESMA, hoy ocupado por el Espacio para la Memoria. “Es un día de vergüenza para los argentinos, la humanidad y también para nuestro sistema judicial”, dijo allí.

La medida mereció repudios hasta del Senado (en sesión por la ley de blanqueo de capitales) y los organismos defensores de los derechos humanos. Además, los cuatro legisladores oficialistas que integran el Consejo de la Magistratura anunciaron que pedirán el juicio político de los camaristas.

De todos modos, Astiz y los otros represores todavía no recuperaron la libertad y tampoco lo harán inmediatamente. El fiscal Raúl Plee apelará hoy la decisión de los camaristas, según aseguraron anoche a Clarín fuentes judiciales.

El fiscal planteará un recurso extraordinario para que la medida sea revisada por la Corte Suprema. Si Casación acepta remitir el caso a la Corte, los detenidos seguirán presos hasta que se pronuncie el máximo Tribunal.

En cambio, si Casación rechaza abrir el recurso extraordinario, los represores podrán recuperar la libertad aunque el fiscal plantee un recurso para ir “en queja” directamente a la Corte.

Los represores de la ESMA beneficiados por el fallo son, además de Astiz, Jorge “Tigre” Acosta, Antonio Pernías, Manuel García Tallada, Juan Antonio Azic y Raúl Scheller, estos dos últimos ex integrantes de la Prefectura y no de la Armada, como los otros. Acosta lleva preso más de siete años, mientras que el resto está detenido desde el 16 de setiembre de 2003.

Técnicamente, lo que la Sala II de Casación hizo ayer fue no prorrogar la prisión preventiva que se venía ratificando en los últimos años pese al vencimiento de los plazos legales. En el caso de la mayoría esa prórroga se dispuso cuatro veces.

Los jueces recordaron en su resolución, a la que Clarín tuvo acceso, que la prisión preventiva tiene un límite de dos años, prorrogable por otro más. Además, atribuyeron las demoras a la larga instrucción del expediente en el juzgado a cargo de Sergio Torres y sostuvieron que aún no hay fecha cierta para el inicio del juicio oral.

El fallo, de 26 carillas y con bastante fundamentación, significaría abrir la puerta de la libertad a decenas de represores que están en la misma situación. Es decir, procesados, con prisión preventiva hace más de dos años y sin perspectiva pronta de un juicio que determine sus culpabilidades.

La Procuración General de la Nación recordó que las excarcelaciones tampoco corresponden cuando hay más de un procesamiento, como pasa con varios de los detenidos. El tercer miembro del tribunal, Gustavo Mitchell, propuso prorrogar las prisiones preventivas.

Pedro Estevam Serrano – Site Última Instância

Em minha última coluna publicada neste espaço, tive a oportunidade de tratar do gravíssimo caso do grampo ilegal realizado contra o presidente do STF (Supremo Tribunal Federal).

Como já tivemos a oportunidade de ressaltar, a gravidade do caso exige séria, independente e rigorosa apuração.

Por causa do ocorrido, contudo, produziu-se um rumoroso alarido oposicionista, entoando discurso que imputa ao governo federal a “criação” de um Estado policial que, com suas forças policiais e de inteligência, só realizaria prisões espetaculosas, faria grampos de legalidade duvidosa e cometeria outros abusos.

Em verdade, há que ir devagar nessa análise estrepitosa e prenhe de adjetivos porque o santo é de barro e o tema é mais complexo.

É verdade que a Polícia Federal cometeu certos abusos, que deixou a vaidade de alguns de seus integrantes superar os interesses públicos que lhes cabia curar, pondo-se, inclusive, em conflito com direitos fundamentais assegurados em nossa Carta Magna.

Mas não é menos verdadeiro que jamais tivemos em nossa história PF tão atuante no combate à criminalidade, em especial àquela que se mantinha intangível ao “jus puniendi” do Estado pelo fato de ser constituída por marginais pertencentes à nossa mais abastada elite política, econômica e financeira, que sempre teve no Estado um instrumento de satisfação de seus interesses corruptos e jamais o autor da devida persecução a suas malfeitorias.

A construção de um Estado Democrático de Direito é tarefa não-retilínea. Passa por caminhos tensos, de conflito dialético e da necessária ponderação entre princípios e direitos. Não há Estado de Direito sem observância dos direitos fundamentais das pessoas, em especial dos acusados, mas também ele não se realiza sem que todos, inclusive as elites política, econômica e intelectual, sejam submetidos ao rigor de suas leis.

É natural que, ao passar a agir contra elites antes intangíveis à força da lei, alguns agentes estatais cometam abusos ocasionais e episódicos. Devem ser punidos para que não mais ocorram tais abusos, mas jamais devem servir de arrimo à pretensão de retorno à situação anterior de impunidade.

Obviamente, é grave abusar da espetacularização midiática de prisões, utilizar abusivamente do grampo, exceder no uso público de algemas em detidos que nem julgados foram etc.

Mas, se há Estado Policial no Brasil, este não tem nessas condutas seus momentos mais abusivos e autoritários. O mais trágico na ação abusiva da polícia no Brasil não se dá no combate federal aos crimes de colarinho-branco, mas, sim, no uso da tortura e do homicídio pelas polícias estaduais como método cotidiano de ação —a tortura e os homicídios praticados não contra nossas elites, mas contra o povo pobre das favelas e das periferias, abusos verdadeiramente criminosos praticados contra os excluídos do mundo do consumo.

Se é verdade que causa indignação algemar pública e abusivamente um detido sobre o qual recai apenas ordem de prisão provisória, sem qualquer culpa formada, mais indignação ainda se origina quando, no morro, um cidadão é violentado por quem lhe põe um saco na cabeça para lhe suprimir a respiração, sem qualquer ordem judicial de detenção ou sequer realização de depoimento formal.

Inegavelmente, a construção de nosso Estado Democrático de Direito se dá principalmente pela superação do Estado policial no cotidiano da ação das forças públicas repressivas, mas há óbvia manipulação político-ideológica em querer localizar os abusos contra os direitos fundamentais apenas no âmbito federal, como se eles não ocorressem em todos os rincões de nossa federação.

Nossa grande tragédia é nossa imensa desigualdade social. Não há Estado de Direito que se construa no meio da injustiça social.

A maior razão para a sobrevivência no interior de nosso Estado Democrático de Direito de práticas próprias de um Estado de Polícia é o fosso social imenso, que deixa grande parte da população desprovida de tudo, até do interesse da mídia e de nossas elites políticas e econômicas em denunciar os abusos cometidos contra ela, que constitui parcela majoritária de nossa cidadania.

Grande avanço da cidadania foi alcançado nas recentes decisões do STF favoráveis às garantias e aos direitos fundamentais das pessoas. Nossa Corte Maior cumpriu seu papel com denodo. Cumpre agora aos demais poderes do Estado e às demais instâncias da federação universalizar esses mesmos direitos, efetivando-os como realidade usufruída também pela maioria pobre e esquecida da nação.

Antonio Bussi e Luciano Menéndez são acusados de seqüestrar e torturar senador durante ditadura

Efe – Agencia Estado

BUENOS AIRES – Os ex-generais argentinos Antonio Bussi e Luciano Menéndez foram condenados nesta quinta-feira, 28, à prisão perpétua pelo seqüestro, tortura e desaparecimento do ex-senador Guillermo Vargas Aignasse durante a última ditadura militar na Argentina (1976-1983). Esta é a primeira condenação por crimes de contra a humanidade recebida por Bussi, de 82 anos, governador da província de Tucumán (noroeste da Argentina) durante o regime militar e a democracia (1995-1999).

No entanto, o Tribunal Oral Criminal Federal de Tucumán concedeu o benefício da prisão domiciliar a Bussi, o que gerou incidentes em frente à sede judicial por causa de choques entre membros das forças de segurança e de organizações humanitárias e partidos de esquerda.

Atitude de aliado no depoimento de Dilma foi vista como de “franco atirador” com “vocação de partido nanico”

Christiane Samarco – O Estado de São Paulo

Apesar de PSDB e DEM sustentarem uma parceria na oposição ao governo Lula, a luz amarela acendeu nas hostes tucanas depois da intervenção do líder do DEM no Senado, José Agripino Maia (RN), durante o depoimento da ministra Dilma Rousseff (Casa Civil) na Comissão de Infra-Estrutura da Casa, na quarta-feira. Os tucanos viram ali um sinal claro de que o DEM tende a radicalizar o enfrentamento com o governo, o que faria do aliado um “franco atirador” com “vocação de partido nanico”.

No Senado, Agripino lembrou que Dilma contara ter mentido, sob tortura, durante a ditadura militar e tentou fazer um paralelo com suas declarações sobre o dossiê dos gastos do ex-presidente FHC. Ela retrucou que se orgulhava de ter mentido naquelas circunstâncias para não provocar a morte de companheiros. E disse que não era possível comparar a ditadura com a democracia.

Lider do PSDB, José Anibal enviou abraço solidário a Dilma Roussef

Um deputado tucano que naquela noite pegou carona de volta para casa com o líder na Câmara, José Aníbal (SP) testemunhou um desabafo dele à ministra. “Fazer referência à tortura e tentar criar similitude é incabível”, disse Aníbal. Quando Dilma atendeu, ele foi direto ao ponto: “Estou telefonando para deixar o meu abraço solidário e dizer que achei que a senhora teve uma postura muito firme no depoimento.” Ao desligar, justificou-se ao carona: “Somos amigos. Sei o que ela passou quando estava na clandestinidade.”

No mesmo tom indignado de Aníbal, um senador da direção do PSDB avalia que, nestes termos, a aliança com o DEM não terá viabilidade e não levará a lugar algum. Setores do tucanato acham que o DEM monta uma agenda incompatível com o projeto de poder em torno dos governadores José Serra (SP) ou Aécio Neves (MG). Os presidenciáveis tucanos, cada um a seu jeito, recusam-se a atacar o presidente e preferem contornar sua popularidade falando no pós-Lula.

Enquanto líderes do DEM sustentam que não há diferença ideológica entre os dois partidos, tucanos insistem nas diferenças e revelam cansaço com a parceria.

AFINAR MAIS

O novo líder da minoria de oposição no Senado, Mário Couto (PSDB-PA), admite que é preciso “afinar mais os discursos e as ações”. Diz que falta conversa e articulação, mas defende a aliança entre os dois partidos. “Se nos dividirmos, ficaremos mais fracos”, preocupa-se.

O que mais incomoda segmentos da cúpula tucana é a aliança em São Paulo. A insatisfação passa pela eleição presidencial e por queixas de tucanos de Norte a Sul contra a hegemonia paulista. Para o senador Sérgio Guerra (PE), presidente do PSDB, o que está no centro da insatisfação é a velha prática de restringir decisões importantes a um grupo de meia dúzia de tucanos ilustres. “O sentimento real não é contra a hegemonia de São Paulo, é a favor da democracia interna e participação ampla nas decisões. Quando alguém fala em prévias, todo mundo apóia.”

Recomendo vivamente ler este post de Sergio Leo na integra. Um pedaço da história de latino-américa e do Brasil esta resumida no conteúdo deste artigo. Um bom momento para lembrar que o deputado Agripino Maia, o representante do DEM, ex-PFL, ex-Arena, guarda uma claríssima continuidade com os métodos que defendia no passado. Ele se “saiu mal” porque na sua pergunta mostrou sua identificação com aqueles que também acusavam Dilma Roussef de mentirosa: seus torturadores. Ele ecoou aquele famoso “vamos acabar com essa raça do PT”, do seu correligionário de partido. Eis o que está no coração destes lideres do DEM. LF

Sitio de Sergio Leo

Com essa, nem a Dilma Roussef contava, e os jornais hoje comentam que foi um sucesso a aparição dela para explicar o vazamento de dados sobre despesas no governo FHC, em parte porque ela já saiu marcando gol, graças a uma jogada desastrosa do adversário. O adversário, no caso, era o deputado demo Agripino Maia, e a jogada foi acusar Dilma de mentir, porque ela mesma admitiu que mentiu aos torturadores que a pegaram quando estava na guerrilha. A história está nos jornais; Dilma saiu muito bem e o senador derrapou porque não se tocou com o fato de que eram torturadores aqueles para quem Dilma mentiu (como não ligou para o fato de que seu partido nos anos 70 e 80, a Arena, tinha nos torturadores um apoio no exercício do poder). Agripino deve ter ficado impressionado com a segurança da Dilma, em uma histórica entrevista para o Luis Maklouf de Carvalho, em que a hoje ministra teoriza sobre como mentir em interrogatório:

Pergunta - Como era essa história de mentir diante da tortura?
Dilma - A gente tinha que fazer uma moldura e só se lembrar da moldura, da história que se inventava, e não saía disso. Tinha que ter uma história. Na relação do torturador com o torturado a única coisa que não pode acontecer é você falar “não falo”. Se você falar “não falo”, dali a cinco minutos você pode ser obrigado a falar, porque eles sabem que você tem algo a dizer. Se você falar “não falo”, você diz pra eles o seguinte: “Eu sei o que você quer saber e não te direi”. Aí você entrega a arma pra ele te torturar e te perguntar. Sua história não pode ser “não falo”. Tem que ser uma história e dali para a frente você não sabe mais nada, não pode saber.
Pergunta - É um jogo difícil.
Dilma - É uma arte. A dificuldade é convencê-lo de que você não sabe mais do que aquela moldura. Não é um jogo só de resistência física, é de resistência psíquica. Até porque uma das coisas que você descobre é que você está sozinho.

“Peguei a mentirosa”, deve ter pensado o senador, que fez pouco caso ou não leu o resto da conversa. Que resto. Torna de uma monstruosidade tacanha usar essa história como arma política para atacar qualquer pessoa:

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María Eugenia Sampallo muestra las fotos de sus padres desaparecidos durante la dictadura

Jovem foi registrada como filha e iniciou processo

Folha de São Paulo

A Justiça argentina condenou a, respectivamente, oito e sete anos de prisão, Osvaldo Rivas e María Cristina Gómez Pinto, casal que, em 1978, se apropriou da filha de dois dissidentes desaparecidos nos porões da última ditadura militar argentina (1976-1983).

Rivas e Gómez foram processados por iniciativa da própria filha adotiva, María Eugenia Sampallo, 30. Foi a primeira vez que um julgamento deste tipo foi iniciado pela própria pessoa apropriada.
A Justiça também condenou o capitão da reserva Enrique José Berthier -responsável por seqüestrar Sampallo e entregá-la a Rivas e Gómez- a dez anos de prisão.

A decisão do Tribunal Federal Oral de Buenos Aires é a primeira a condenar pessoas que adotaram bebês roubados de dissidentes mortos ou desaparecidos durante a ditadura. Antes, só militares responsáveis pela entrega dos bebês já haviam sido condenados.

A acusação pedia a condenação do casal e de Berthier por 25 anos, sentença máxima, sob as acusações de retenção ilegal de Sampallo e de falsificação da certidão de nascimento dela. Gómez foi absolvida da segunda imputação.

Sampallo descobriu sua identidade real em 2001, quando, após ser localizada pelas Avós da Praça de Maio, um exame de DNA revelou que ela era filha de Leonardo Sampallo e Mirta Barragán, seqüestrados em dezembro de 1977 pela ditadura argentina. Em fevereiro do ano seguinte, Barragán deu à luz no cativeiro. Em maio do mesmo ano, a menina foi entregue por Berthier ao casal que a criaria. Já os pais biológicos estão desaparecidos até hoje.

“Eles não são meus pais. São meus seqüestradores. Não tenho nenhum tipo de ligação emocional com eles”, disse Sampallo, em entrevista recente. “Estes são meus pais”, completou, em lágrimas, segurando uma foto dos desaparecidos.

As Avós da Praça de Maio, grupo dedicado à recuperação de filhos de desaparecidos durante a ditadura, calculam que 500 bebês tenham sido roubados e entregues a casais como filhos adotivos. Desde a sua criação, o grupo já ajudou a identificar 77 jovens criados nessas circunstâncias.

Em sessões anteriores do julgamento, Sampallo havia dito que o objetivo de seu processo era que “a sociedade deixe de aceitar que se roubem filhos de outras pessoas”. Sobre aqueles que a criaram como filha por 19 anos, quando abandonou a casa já sob a suspeita de ser filha de desaparecidos, Sampallo disse: “Não guardei lembranças relacionadas a Rivas e Gómez como pais, porque prefiro não me lembrar disso”.

Desde 2005, quando a Corte Suprema de Justiça anulou as leis de anistia do governo Raúl Alfonsín (1983-1989), foram reabertas na Argentina mais de 800 causas contra integrantes da ditadura.

A sentença de ontem soma-se a outras simbólicas como a que no ano passado condenou à prisão perpétua o padre Christian von Wernich por participação em torturas e assassinatos -foi a primeira condenação deste tipo contra um membro da Igreja Católica.

Com agências internacionais

Tarso diz que não pode extraditar brasileiros para Itália por Operação Condor, mas pode processá-los

Jailton de Carvalho – O Globo

O ministro da Justiça, Tarso Genro, afirmou ontem que a Constituição não prevê a extradição de brasileiros para outros países, mas nem por isso os militares e policiais acusados de envolvimento no seqüestro e assassinato de dois ítalo-argentinos durante a Operação Condor estão livres de prestar contas à Justiça. Tarso Genro deverá pedir à Procuradoria Geral da República que abra uma investigação sobre a suposta participação dos brasileiros na morte de Horacio Domingo Campiglia e Lorenzo Ismael Viñas, segundo acusação do procurador italiano Giancarlo Capaldo.
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Para Serra, crime foi ‘brutalidade inaceitável’

Governador fala quatro dias após crime O GLOBO

SÃO PAULO. Quatro dias depois de seis policiais serem presos em Bauru, no interior paulista, acusados de dar choques elétricos num garoto de 15 anos, que morreu de parada cardíaca logo após a sessão de tortura, o governador de São Paulo, José Serra (PSDB), classificou o crime como “brutalidade inaceitável”. Serra disse que os policiais desrespeitaram os direitos individuais e devem ser condenados pelo crime.

— Os eventos de Bauru, pelas demonstrações que se tem até agora, foram de uma brutalidade inaceitável para o governo, a Secretaria de Segurança e a linha que a gente segue no caso das ações de segurança: dureza contra o crime e respeito aos direitos individuais. Nesse caso, tudo indica que foram gravemente desrespeitados esses direitos — disse o governador, lembrando que os PMs já foram presos e que a polícia tem mecanismos para expulsá-los de seu quadro.

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Serra não comenta laudo que compromete policiais militares

DA REPORTAGEM LOCAL

O governador José Serra (PSDB) não quis comentar ontem o laudo do IML que apontou que o garoto Carlos Rodrigues Júnior recebeu choques após ser abordado por PMs.
Durante entrega de trens pela manhã, no Brás, evitou falar sobre outros temas alheios ao evento. Parou a entrevista logo à primeira tentativa, quando questionado sobre a CPMF.
Fez uma exceção, porém, para elogiar a contratação do técnico Vanderlei Luxemburgo, pelo Palmeiras.
À tarde, a Folha encaminhou um pedido de entrevista por meio da sua assessoria. A resposta foi a tarefa caberia ao secretário da Segurança Pública, Ronaldo Marzagão.
O secretário também não falou. Limitou-se a enviar a reprodução de um comentário feito em Sorocaba. “A posição da Secretaria está expressa desde o primeiro momento. Assim que o Comando da PM soube do fato, prendeu em flagrante todos os envolvidos, sob a acusação de homicídio. O bom policial tem toda a proteção do Estado. Aos que têm desvio de conduta, aplicam-se os rigores da lei.”

In a series of paintings and drawings,
artist Fernando Botero reflects on the 2004
prisoner abuse scandal at Iraq’s Abu Ghraib prison.

By Erica Jong

Special to The Washington Post
Sunday, November 4, 2007

When we think about the Colombian artist Fernando Botero, most of us visualize his roly-poly people flaunting their fat, their fashionable headgear, their cigarettes and cigarette holders, their excess. I never thought of these as political images until I saw Botero’s Abu Ghraib series in which hooded men dangle, upside down, and hideous dogs claw and growl at manacled prisoners arranged into pyramids and bleeding on each other.

Held by their hair, their hands, their manacles, the prisoners seldom come face-to-face with their torturers. They are beaten by hands outside the picture frame, urinated on by men whose faces rarely appear. A bound prisoner wears red panties and a bra — obviously against his will. The torture is anonymous and masked. Even the prisoners are masked so the torturers cannot be identified. But Botero knows who they are. They are the same fat people whose antics he has previously appeared to delight in.

As a result of this astonishing series of drawings and paintings, we know he was not celebrating these people, only waiting for an opportunity to show their true nature. They are cannibals who feed off their brothers. They deal in the anguish of human flesh.

Fernando Botero, whose Abu Ghraib pictures will be on view at American University starting this week, read about the torturers of Abu Ghraib in the New Yorker, and made his own record of the horrors. He did not invent anything that was not described, but because he is an artist, we feel the terror of the tortured rather than the gloating of the torturers — so present in the photographs they took of themselves at play in the blood of others.

Botero calls art “a permanent accusation,” but his Abu Ghraib series seems to me more than an accusation. Rather, it constitutes a complete revision of whatever we have previously thought of Botero’s work. (He refuses to sell these works because he doesn’t want to profit from the pain of others. He plans to donate them to museums.)

What is this need people have to abuse each other, then boast about it? What is this need to make others powerless before them, to see them bleed and scream and beg for mercy? Psychologists theorize that torturers are repeating their infantile impotence by inflicting it on others. That seems glib to me. Empathy is a rare human quality, but it is essential to our humanity.

But American torture is different from other tortures because of the high opinion we have of our country and ourselves. Torture is something others do. We are above that. We are reasonable people governed by a great Enlightenment document we call The Constitution. We help, not hurt people all over the world. It is the incongruity of our image of ourselves versus the reality of our behavior that stings most.

Botero’s Abu Ghraib series has been shown before, but never in Washington. It is a moment: The people who got us into Abu Ghraib can contemplate what went on there.

I dare them to look at these images and be unmoved.

The series’s entry into the visual world has not been easy. In the Bay Area, they were shown not in a museum, but in a library at the University of California at Berkeley. Still 15,000 people saw them.

Susan Sontag wrote that the Abu Ghraib photographs showed “the reigning admiration for unapologetic brutality.” Is this true?

I doubt it. I think that most of the people who see these Botero images will be as horrified as I am. Complicity in torture is invisible to most people. They do not know what they can do to prevent it — hence their passivity.

Botero, inspired by Picasso’s “Guernica,” broke through his passivity by making these works. Many people have contrasted them with his supposedly “happy” fat people. I don’t think Botero’s fat people are happy at all. I think they are also political — the haves fattening on the invisible have-nots.

“The whole world and myself were very shocked that the Americans were torturing prisoners in the same prison as the tyrant they came to remove,” Botero said to the San Francisco Chronicle. “The United States presents itself as a defender of human rights and of course as an artist I was very shocked with this and angry. The more I read, the more I was motivated. . . . I think Seymour Hersh’s article was the first one I read. I was on a plane and I took a pencil and paper and started drawing. Then I got to my studio and continued with oil paintings. I studied all the material I could. It didn’t make sense to copy, I was just trying to visualize what was really happening there.”

What will be our reaction to his visualization? Will we continue in passivity? Will we deny that such horrors still take place? Or will Botero’s art have the power to change us?

We might also ask what power art can have in general. Did Goya stop cruelty in his time, or Picasso in his? No. But the role of the artist in raising our consciousness and bearing witness is essential. The artist makes us open our eyes to our own cruelty, our own passivity, our own indifference.

For that alone, his witnessing matters.

I am looking at another recent work by Botero in which a roly-poly woman is stuffing her face with an apple as if she were a Christmas pig. Before the Abu Ghraib series I would have shrugged off this image. Now I see all Botero’s work as a record of the brutality of the haves against the have-nots. I would be surprised if the Abu Ghraib series of images did not completely change our view of Botero as an artist.

Novelist, poet and nonfiction writer Erica Jong wrote a catalogue essay for the Milan exhibition of Botero’s Abu Ghraib pictures and has a Botero sculpture of Eve with a snake and an apple in her apartment in New York. Her most recent book is “Seducing the Demon: Writing for My Life.”

If you go: “Fernando Botero: Abu Ghraib” opens Tuesday at the American University Museum at the Katzen Arts Center, at the intersection of Massachusetts and Nebraska avenues NW. Through Dec. 30. Open Tuesday-Sunday 11 a.m.-4 p.m. Free. 202-885-1300.

por Luiz Fernando Verissimo

Quem diz que nunca houve matança sistematizada de judeus, ciganos e incapazes na Alemanha tem razão: Auschwitz, Treblinka, Sobibor e os outros campos de extermínio nazistas ficavam na Polônia. A Polônia anexada pelo Reich era uma extensão do solo alemão e os campos eram construídos e geridos por alemães, mas isto é detalhe para quem pretende a inocência pelo distanciamento formal. Os americanos que hoje levam suspeitos de terrorismo para serem interrogados em países onde a tortura é comum, longe dos Estados Unidos, também pretendem a absolvição pela geografia.

Tem-se discutido muito no Congresso, na imprensa e nos tribunais americanos os limites do permitido na busca da informação antiterrorista depois do 11/9, mas os escrúpulos quanto à tortura chegam atrasados. Torturar pela mão dos outros é uma prática antiga dos Estados Unidos, mais notoriamente — no que nos diz respeito — nas atividades da “School of the Americas” onde policiais e militares latino-americanos iam aprender métodos de interrogatório e contra-insurgência para combater o comunismo no continente.

A Escola das Américas chegou a ser chamada ironicamente de anexo da Escola de Chicago, produzindo técnicos em repressão para garantir os teóricos do neoliberalismo que saíam do Departamento de Economia da universidade onde o Milton Friedman era a estrela, para nos catequizar. É bom lembrar, nestes tempos de entusiasmo das platéias pelo fascismo contra o crime e de reacionarismo ostensivo e festejado, no que deu tudo aquilo.

Coisas como a “Operação Bandeirantes”, a aliança de empresários paulistas com policiais e militares na caça, literalmente, à esquerda, que deixou mortos e mutilados por toda parte — menos, aparentemente, na consciência dos responsáveis, ou, presumivelmente, no livro de realizações dos formandos da Escola das Américas. Que continua no mesmo lugar, Fort Benning, na Geórgia, agora com o nome mais específico de Instituto de Cooperação para a Segurança do Hemisfério Ocidental. Não se sabe se o currículo ainda é o mesmo.

Do Iraque chega a notícia de outro exemplo de distanciamento remissor.

Neste caso, uma novidade — a terceirização da guerra. A ocupação do país está sendo um grande negócio não só para a Halliburton e outras empreiteiras superfaturadoras mas para empresas paramilitares, exércitos privados que substituem a tropa normal em certas tarefas e que já têm quase tanta gente no Iraque quanto o exército regular, com contratos milionários.

Há dias uma dessas empresas, a Blackwater, que pertence a um conhecido financiador das campanhas do Bush e do Cheney, se viu envolvida na morte de civis iraquianos.

A Blackwater não está sujeita nem às leis do Iraque, nem às leis dos Estados Unidos e nem aos estatutos militares americanos. Só precisou pedir desculpas.